Abogado interpone y gana acción que eliminó impuesto a las sociedades anónimas

[San Jose, Costa Rica]
Licenciado Edgardo Campos

Ante lo que consideró un abuso reflejado en la voraz creación de cargas tributarias contra los ya golpeados contribuyentes, el abogado herediano Edgardo Campos, vecino de San Pablo,  interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la ley que obliga a los dueños de sociedades a pagar cada año un tributo fijo que año con año se incrementa; este abogado en nombre propio y como representante legal de una sociedad familiar, alegó la existencia de serios vicios en la Ley 9024 que creó el Impuesto a las Personas Jurídicas.

El recurso fue presentado en noviembre del 2012 y, como recordarán los contribuyentes, la Ley había entrado en vigencia en abril de ese mismo año.

Lo primero que manifiesta Campos es que le llamó la atención que el proyecto original y la Ley aprobada en el Plenario Legislativo fueron cosas muy distintas.

Filling the Tax Form

Por lo tanto se alegaron varios motivos que al final justificaban la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Sala IV, entre ellos, la denominación de “impuesto” no fue correcta, pues en el fondo se trata de una tasa, es decir de un cobro por el simple hecho de tener una sociedad inscrita y ser administrada por el Registro Nacional; además la creación de tal impuesto definió una cuota o tarifa plana, sin tomar en cuenta la capacidad económica de la sociedad. De esta forma, no importaba si una sociedad de tipo familiar solamente tenía un carro o la vivienda, simplemente esa pequeña empresa pagaba igual que cualquier sociedad de gran tamaño como la Cervecería Costa Rica o la Coca Cola, por lo tanto, la tarifa nunca debió ser igual para todos.

Por otro lado  se creó un excesivo régimen de sanciones, por lo que además de las fijadas por el Código Fiscal, las sociedades morosas no podrían obtener certificaciones de personería, inscribir documentos en el Registro Público, tampoco hacer negocios con el Estado y sus instituciones; y para colmo se estableció una responsabilidad solidaria de los representantes legales en el pago de tal impuesto y se dispuso que las sociedades morosas con el pago de tres períodos consecutivos se disolverían por parte del Registro. Estas sanciones a criterio de don Edgardo, de ninguna manera cumplen el requisito de ser proporcionadas ni se corresponden con principios constitucionales como la razonabilidad.

Pero esto no es todo, el accionante detectó vicios de procedimiento en el trámite legislativo. Recordemos que todo esto comenzó con una iniciativa de Ley enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo durante la última Administración Oscar Arias. Ese primer proyecto apenas constaba de unos pocos artículos y era muy sencillo; en esa oportunidad la Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió sobre algunos aspectos que rozaban con la Constitución, aun así pasó para su análisis a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

En esa Comisión se realizaron múltiples comparecencias de funcionarios de Gobierno de muy alto nivel (entre ellos el Ministro de Hacienda y de Justicia), y se fueron introduciendo modificaciones. “Leí todas las actas de la Comisión en un trabajo exhaustivo y ahí comprobé que se aprobaron dos textos sustitutivos antes de pasar el expediente al Plenario; uno de esos textos NO fue debidamente publicado en La Gaceta y pese a ese yerro grave en la tramitación, el Plenario aprobó la Ley 9024” explicó el accionante Campos a este medio.
Esto significa que la falta de publicación del texto constituye una violación al derecho de enmienda legislativa, al principio democrático y, en especial, al principio constitucional de publicidad de las leyes pues todos los ciudadanos tienen derecho a conocer lo que se va a aprobar en materia de tributos.
Es así como los Señores y Señoras Magistrados, mediante el Voto 1241 del pasado 28 de enero del 2015, con un voto de mayoría, declaró inconstitucionales los artículos 1, 3 y 5 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas. “Con ello dejó sin esqueleto dicho cuerpo normativo y, por lo tanto, la Ley no tiene sustento” agregó satisfecho don Edgardo.

Para algunos juristas consultados el único sin sabor o duda es como la Sala, con un criterio sumamente cuestionable y novedoso, resolvió alargar los efectos de la Ley por un año más hasta enero del 2016, y lo hizo alegando evitar serias distorsiones en los montos ya presupuestados por el Gobierno.
Este dimensionamiento resulta extraño a criterio de los consultados y -en criterio de Campos- es una forma de privilegiar la voracidad fiscal. Lo que es inconstitucional desde su origen así se debe declarar con efectos futuros, pero dejar vigente una Ley creada contra lo que dispone nuestra Constitución Política es inatendible.

“Todo lo acontecido con esta ley debe llamarnos a una seria reflexión del caótico e irregular trabajo legislativo en nuestro país. Es inadmisible que 57 legisladores (as) con un número exagerado de asesores y con todo el personal restante de la Asamblea Legislativa, no puedan detectar que un proyecto de Ley que se remite al Plenario no haya cumplido un requisito tan básico como lo es la debida publicación en una materia tan sensible como la tributaria”
Por otra parte -alega- “hacer tributar a pequeñas sociedades familiares o que no tengan bienes por el simple hecho de su existencia, no es viable en un régimen como el nuestro. La forma correcta de tener un Estado más eficiente deriva del cobro de los impuestos existentes y evitar la alta evasión fiscal” concluyó el abogado Edgardo Campos redactor y accionante de esta acción que hoy viene a alivianar la carga de muchas pequeñas empresas de nuestro país.

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